La importancia de la fianza en el contrato de alquiler
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Un tipo de contrato en el que hay que tener en mente ciertos aspectos. ¿Uno de ellos? Todo aquello relacionado con la fianza.
La fianza en el contrato de alquiler
Hablamos de una responsabilidad prevista en el artículo 36 de la Ley 29/194, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Establece la obligatoriedad de pedir, por parte del arrendador, y de prestar, por parte del arrendatario:
- El importe de una mensualidad en los alquileres de vivienda.
- La cantidad de dos mensualidades en los arrendamientos destinados a un uso distinto comercial, profesional o turístico, entre otros.
¿Qué cubre la fianza del alquiler?
Si el inquilino no cumple con las condiciones establecidas en el contrato, el propietario podrá utilizar la fianza como forma de compensación por los daños sufridos.
- Impagos de la renta o acumulación de deudas.
- Gastos derivados de reparaciones o daños que puedan ocurrir durante el período de alquiler.
- Gastos adicionales, como el consumo excesivo de suministros, en el caso que sea el propietario el encargado de realizar dichos pagos.
Depósito de la fianza
El propietario en ningún caso se queda con la fianza en su poder.
Una vez el arrendatario abone la fianza, el propietario dispone de dos meses desde la firma del contrato para depositarla en el organismo correspondiente.
En el caso de Palma de Mallorca, corresponde ingresar la fianza en el Instituto Balear de la Vivienda.
Actualización de la fianza
En los primeros cinco o siete años – dependiendo de si el arrendador es una persona física o jurídica – la fianza no podrá subir de precio.
Una vez transcurrido este período, cualquier ajuste estará sujeto a mutuo acuerdo entre ambas partes. En caso de no existir un pacto, se utilizará el mismo indicador que se emplee para la actualización del alquiler.
Devolución de la fianza
Al finalizar el contrato y en el caso de que el inquilino haya cumplido con sus obligaciones, corresponde efectuar la devolución de la fianza.
Generalmente, el plazo legal establecido en España es de un máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de finalización.
Será necesario disponer del documento firmado por el propietario y el inquilino en el que se acredite dicha extinción.

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